FUENTES: PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS- DEMOCRACIA Y DESARROLLO – COORDINACI`ÓN COLOMBIA.EUROPA-ESTADOS UNIDOS- ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y AFINES

Si los dos primeros años del Gobierno de Duque ya señalaban un deterioro de los derechos humanos en Colombia, este tercer año pasará a la historia como el peor en términos de represión violenta a la protesta social, reorganización y escalamiento de la violencia en todo el país, aumento de la pobreza y la desigualdad,
hostigamiento a la administración de justicia y a las altas cortes, y unas relaciones internacionales debilitadas tanto por la respuesta dada a la protesta social, como por la injerencia indebida en varios asuntos políticos y electorales de otros países

Así lo concluye el Balance del tercer año de gobierno de Iván Duque Márquez denominado
“Lecciones Del Aprendiz – Autoritarismo Y Desigualdad” realizado por la Plataforma
Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia
Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. Estas tres plataformas
agrupan a más de 500 organizaciones sociales de todo el país y son quienes presentan el
informe anual de derechos humanos, que en esta oportunidad cuenta con 35 artículos de
movimientos, organizaciones sociales y académicos, así como infografías sobre los temas más relevantes.

  1. Paz, crisis humanitaria y situación de personas defensoras
    Datos relevantes:
    Según el informe, a lo largo de los tres años del gobierno de Iván Duque Márquez se ha
    presentado un escalamiento de la violencia en los territorios debido a razones como la no
    implementación intencionada del acuerdo de paz y la reinterpretación unilateral del mismo por
    parte del gobierno, los graves incumplimientos de los puntos que lo componen, los obstáculos
    que el gobierno ha puesto frente a la salida negociada del conflicto, y la ineficacia y
    desfinanciación de las instituciones e instancias relacionadas con la paz.
    ● En los siete primeros meses de 2021 se perpetraron 60 masacres, en las que fueron
    asesinadas 221 personas (2020 hubo 91 masacres con 381 víctimas).

    “Los actores armados ilegales se han reorganizado a lo largo y ancho de Colombia y el
    escalamiento del conflicto ha significado el agravamiento de las violaciones de derechos
    humanos y de la crisis humanitaria en muchas regiones afectando gravemente a la población
    civil”, destaca Olga Silva, directora de la organización Humanidad Vigente y vocera del informe.

El desplazamiento forzado en Colombia tuvo un incremento de 193 %
entre enero y junio de 2021, en relación con el mismo período del año anterior; hubo
44.647 personas desplazadas en ese lapso.

  1. Debilitamiento de la Democracia
    Para las organizaciones sociales que suscriben el informe, la Democracia y el estado de
    derecho en Colombia enfrenta inmensos desafíos ante la arremetida del Gobierno Duque y sus
    acciones y medidas que van en detrimento del bienestar y la participación de la ciudadanía.
    Para Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas y vocera del
    informe, “El presidente se dotó de facultades extraordinarias con el ‘Estado de Emergencia’
    emitido a inicios de la pandemia y con el que se permitió el rápido trámite de leyes y reformas
    con poca o nula deliberación, además adelantar una campaña de descrédito y hostigamiento
    permanente a la administración de justicia y las altas cortes; y legitimar el actuar desmedido y
    violento de la fuerza pública sin ceñirse a los poderes civiles y a la Constitución”.
    Datos relevantes:
    ● 159 personas fallecidas en protestas (87 de ellas participantes del Paro Nacional
    Abril 2021)
    ● 90 casos de lesiones oculares con pérdidas anatómicas y/o funcionales de alguno
    de sus ojos.
    ● 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género por parte de la
    fuerza pública.
    ● 48 personas fueron asesinadas al parecer por armas de fuego por parte de la fuerza
    pública. 115, heridas por arma de fuego por parte de la fuerza pública.
    ● 4 personas fueron asesinadas por impacto de gases lacrimógenos y/o granadas
    aturdidoras
    ● 2 personas mayores fallecieron por asfixia provocada por los gases lacrimógenos
    ● 1 persona fue arrollada por una tanqueta
    ● 1 persona falleció incinerada.
    Según el informe fue tan alto el grado de vulneración de derechos humanos en Colombia
    durante el paro nacional que comenzó en abril de 2021 (debido a la nueva Reforma Tributaria
    propuesta por el ex ministro de Hacienda: Alberto Carrasquilla), que suscitó la necesidad de la
    visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 8 y el 10
    de junio. De esta visita surgió un documento de observaciones que el gobierno de Iván Duque,
    fiel a su talante antidemocrático, rechazó en varios aspectos.

3.365 personas detenidas de manera arbitraria, siendo sometidas a torturas y/o
tratos crueles y degradantes durante su traslado o su detención.

  1. Empobrecimiento y desigualdad
    Para Aura Rodríguez, vocera de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia
    y Desarrollo, “El gobierno nacional, en medio de la pandemia ocasionada por la Covid-19, tomó
    decisiones y medidas que pusieron en riesgo el cumplimiento de los derechos económicos,
    políticos, sociales y culturales de la ciudadanía: por ejemplo, la pobreza monetaria nacional
    subió 6,8 puntos y llegó al 42,5 %, lo que significa que 21 millones de personas de nacionalidad
    colombiana están por debajo de la línea de pobreza”.
    Igualmente, “… la pobreza extrema aumentó en 5,5 puntos y llegó al 15,1 %. Así mismo, con el
    aumento del índice de Gini, los grupos con mayor acceso a las fuentes de riqueza recibieron
    una mayor proporción de los ingresos generados durante la pandemia, entre ellos, las ayudas
    del gobierno”, resalta el informe en su tercer capítulo.
    Datos relevantes:
    ● A marzo de 2021, una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar cada 11 minutos.
    Las mujeres se vieron expuestas al aumento del trabajo de cuidado y reproductivo
    no remunerado. Para enero de 2021, de las 19 millones 968 mil personas ocupadas,
    el 38,9% correspondió a mujeres, y el 61,1 % a hombres.
    ● El diagnóstico para la población joven es desfavorable. En el país, la población
    joven comprendida entre los 14 y los 26 años representó en 2020 el 21,8 % de la
    población total colombiana (10 millones 990 mil 268 jóvenes). Y casi el 9% del total
    de habitantes corresponde a personas cuyas edades oscilan entre los 20 y los 24
    años.
  2. Colombia, el mundo y su relacionamiento
    Finalmente, el informe detalla las principales problemáticas que durante este año ha tenido el
    Gobierno Nacional en el campo de la política exterior. Aunque se esperaba una respuesta más
    contundente, es diciente el pronunciamiento del Departamento de Estado y la Casa Blanca
    donde se resalta la importancia del derecho a la protesta, el diálogo y de desescalar la violencia,
    en vista de las cifras de desaparecidos.
    Al mismo tiempo, 55 congresistas demócratas del Congreso de Estados Unidos condenaron
    los abusos cometidos por la fuerza pública e hicieron un llamado al secretario de Estado para
    suspender la ayuda directa a la policía colombiana. Propusieron que el Escuadrón Móvil
    Antidisturbios (Esmad), principal ejecutor de la violencia contra manifestantes, no reciba fondos
    y se congelen las ventas de armas, equipo, servicios o capacitación a la policía colombiana.
    Esta imagen, sumada a la reestructuración en la financiación proveniente de cooperación
    internacional que están haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos, y en donde se prevé
    una disminución considerable, hacen percibir a Colombia como desconectada de la agenda
    internacional y sin una ruta clara, lo que impacta de manera determinante las relaciones
    internacionales y la vigencia plena de los derechos humanos en Colombia.

El Parlamento Europeo solicitó al Alto Representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común una condena pública para
Colombia. Esto redefine toda su política financiera y reestructura los instrumentos
de cooperación internacional