Más de 60 organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica presentan un nuevo reporte que evalúa los impactos sociales y ambientales del financiamiento e inversiones chinas en 9 países de América Latina, demostrando que existe un patrón de incumplimiento del Estado chino frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Pese a su bajo compromiso con las metas de disminución de gases de efecto invernadero, China expresó en la COP 26 , la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático su voluntad para reforzar las acciones climáticas en la presente década, con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Entrevistas FREE EARTH.
El informe es presentado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) Parte I.
«Donde más vulneraciones se presentan en derechos relacionados con el medioambiente y pueblos indígenas».
Qué dice el informe. Síntesis
La conclusión general de este Informe es que el Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir los compromisos asumidos en el último EPU para garantizar los derechos humanos más allá de su territorio nacional. El informe demuestra que el patrón de vulneración de derechos descrito en 2018 continúa siendo sistemático.
Por otro lado, los financistas con mayor participación son el Banco Industrial y Comercial de Chi- na (8 proyectos), el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (7), el Banco de Desarrollo de China (7), y el Banco de China (5). Estos bancos suelen actuar de forma conjunta en los mis- mos proyectos, principalmente en minería, donde más vulneraciones se presentan en derechos relacionados con el medioambiente y pueblos indígenas.
- En 24 casos hubo violaciones al derecho a vivir en un medioambiente sano y daños al ambiente. Todos los proyectos extractivos y de infraestructura afectan ecosistemas frágiles, causando impacto intergeneracional por transformar el territorio y las relaciones sociales, eco- nómicas y simbólicas que desarrollan las comunidades. Se constataron irregularidades con los estudios de impacto ambiental: inexistencia de estudios previos, conflictos de intereses en la aprobación y modificaciones indebidas después de aprobados.
- Al menos en 18 casos hubo violaciones al derecho de participación y consulta libre, pre- via e informada. Se constató inexistencia de consulta previa, deficiencias significativas en su desarrollo por la entrega de información incompleta o modificada, idioma distinto al de las comunidades y procesos de fragmentación de las mismas. Se constató también la falta de garantía de cumplimiento de la voluntad, expresada en las consultas realizadas.
- Al menos en la mitad de los casos hubo violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada. En 8 de estos, además, se presentaron desplazamientos forzados que vinculan prácticas como presiones para adquirir tierras, indemnizaciones inadecuadas, uso desproporcionado de la fuerza pública y violencia contra población civil, restricciones a la libertad de circulación, e incluso emergencia de grupos de choque irregulares.
- Al menos en 10 casos hubo violaciones a derechos civiles y políticos fundamentales. Exis- ten vulneraciones al derecho a la vida, integridad, libertad, y libre asociación, principalmente en proyectos mineros. La alta conflictividad social ha llevado incluso a escenarios de violencia con pérdidas de vidas de defensores del ambiente. Además, la intimidación a opositores se ha convertido en práctica común en sus territorios, incluso con participación de grupos irregulares de vigilancia, y se ha utilizado el sistema judicial para perseguir a opositores.
- En 9 casos, hubo violaciones a los derechos laborales, individuales y colectivos. Los pro- yectos han afectado el mundo del trabajo en las comunidades intervenidas y la debilidad ins- titucional en cada país ha contribuido a profundizar las afectaciones a los derechos laborales. En algunos casos, se ha prohibido la asociación sindical y se la ha criminalizado aplicando prácticas de persecución, despidos, pagos retrasados, censura y la no renovación de contrata- ción. En el extremo, la inadecuada gestión de riesgos laborales ha cobrado la vida de algunos trabajadores, principalmente en el sector minero.
- Contexto COVID-19 y derecho a la salud. En la pandemia, se denunció falta de medidas de bioseguridad y prácticas inadecuadas en el entorno laboral de algunos proyectos, que pudieron aumentar los contagios y la letalidad. También se denunciaron presiones indebidas para aumen- tar la jornada laboral y firmar documentos que eximieran de responsabilidad a las empresas.
