Después de casi tres años desde la firma del Acuerdo en el 2019, la plenaria de la Cámara de Representantes votó mayoritariamente a favor del Proyecto de Ley No. 109/2022 por medio del cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El Presidente Gustavo Petro felicitó al Congreso de la República y a la sociedad colombiana por su trabajo para hacer realidad esta iniciativa
Mauricio Madrigal, Director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, destacó el hecho:
Para la ambientalista y académica de la Universidad del Rosario Lina Muñoz cada vez estamos más cerca en el fortalecimiento de la democracia ambiental
¿Qué viene tras la aprobación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República?
Tras haber sido aprobado anoche en el Congreso de la República, el Acuerdo de Escazú deberá atravesar tres pasos antes de que Colombia se convierta en el catorceavo país de América Latina y el Caribe en ratificar el histórico Tratado. Escazú deberá ser sancionado por el Presidente Gustavo Petro y necesitará pasar la revisión de la Corte Constitucional.
Para que el Acuerdo sea sancionado por el Presidente, la iniciativa pasará ahora a conciliación de la Cámara y el Senado. Posteriormente la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República deberá realizar una previa revisión del mismo.
Luego, deberá pasar a una siguiente etapa judicial, a cargo de la Corte Constitucional, en la que el Tribunal analizará si la Ley que aprueba el Tratado cumplió los requisitos legales y constitucionales, tanto en la forma en la que la Ley fue aprobada, como en que su contenido mismo no viola normas constitucionales.
Esperando que el fallo de la Corte Constitucional indique la constitucionalidad de la Ley aprobatoria de Escazú, el paso a seguir estará a cargo de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores para proceder al depósito del Tratado en la Oficina de las Naciones Unidas, en Nueva York.
La Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, afirmó que “el cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en tres años, y es la ratificación del Acuerdo de Escazú”.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú fortalece el acceso a la información y a la justicia ambiental, como también la participación ciudadana en la toma de decisiones del sector.
Igualmente, es un instrumento que presta asistencia y protección eficaces a las personas que contribuyen a combatir de manera pacífica los delitos que afectan al medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021, y se trata del primer tratado internacional de América Latina y el Caribe relativo al medio ambiente, y el primero del mundo que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.
Vanessa Torres, subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad resaltó el hecho. “Es trascendente. El Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta para fortalecer este marco normativo y de paso empezar a materializar la democracia ambiental en Colombia”.
¿Qué puede hacer la ciudadania en este tiempo?
- Seguir haciéndole seguimiento al proceso de ratificación.
- Participar activamente en los espacios que se creen para la implementación del Acuerdo de Escazú.
- Difundir en todos los escenarios posibles el contenido del Acuerdo, sus ventajas y oportunidades para el país.
Para Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, Escazú es fundamental para prevenir conflictos ambientales.“Si bien Colombia tiene una legislación sobre el tema de participación ciudadana, en muchas ocasiones estos mecanismos son incipientes y su implementación es débil por parte de autoridades a escala territorial. La ratificación de este acuerdo plantea el fortalecimiento de los mecanismos de participación en etapas tempranas de los procesos de toma de decisión, de manera que sean mucho más incluyentes y permitan la participación de los distintos actores”, señaló.
Finalmente, con la ratificación del Acuerdo, el gran reto que el Estado colombiano
debe asumir es el de implementar y alcanzar la garantía plena y efectiva de los
derechos de acceso, junto con la protección de las personas defensoras de derechos
en asuntos ambientales.
Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.
